El proyecto de autodeterminación presentado en el Congreso federal y sujeto a discusión en los pasados días en Puerto Rico es un punto de partida al cual miles de puertorriqueños le damos la bienvenida. Ahora bien, en mi opinión, ese proceso no debe ser territorio exclusivo de políticos ni abogados; debe incluir expertos en economía y finanzas públicas. Esto es así ya que, al momento de tomar una decisión, lo que principalmente estará presente en la mente de los puertorriqueños es su bienestar económico.
Por eso me parece iluso pensar que cualquier opción a escoger -excepto el ELA actual que ya conocemos a saciedad, con sus luces y sus sombras- pueda ser presentada a los puertorriqueños de forma general, con los detalles a ser negociados posteriormente. A pesar de que reconozco que una ley habilitadora no es susceptible a una lista interminable de términos y condiciones, sí entiendo que esta debe atender puntualmente ciertas áreas críticas y para los otros asuntos por lo menos establecer unos parámetros de negociación que den una idea de las posibilidades de negociación.
Para que los puertorriqueños puedan ejercer su derecho a seleccionar el rumbo para su futuro, es imprescindible un proceso educativo que vaya más allá de meras divagaciones leguleyas sobre lenguajes legislativos, análisis que solo sirve a unos pocos, particularmente a los participantes de esos debates.
Claro está, hay que arrancar reconociendo la dificultad inherente del análisis del impacto económico de las diversas opciones de estatus, ya que la economía no es estática y en todos estos cambios habría un nuevo arreglo de los protagonistas del sector económico del País. En ese proceso de ganadores y perdedores es necesario un análisis dinámico que tome en consideración la interacción entre todos los factores afectados. A pesar de estas limitaciones, me parece importante comenzar un proceso de educación planteando las implicaciones directas que resultarían de las propuestas bajo consideración.
Uno de estos asuntos medulares, es el impacto que tendría un cambio de estatus en los beneficios de Seguro Social y Medicare. Tan solo de Seguro Social, alrededor de 710,000 beneficiarios residentes de Puerto Rico recibieron $79.7 millones mensuales o alrededor de $957 millones durante el año 2017.
Otra de esas áreas que afecta directamente el bolsillo de miles de puertorriqueños son las contribuciones. El único cambio de estatus que provocaría un cambio dramático en el sistema contributivo de Puerto Rico sería la estadidad. Esto es así ya que la imposición de contribuciones federales a individuos y negocios, además de las contribuciones existentes actualmente, provocaría una inevitable revisión del andamiaje local para que la carga combinada no sea excesiva.
Tampoco podemos dejar de mencionar la eliminación inmediata de todo el andamiaje de exenciones contributivas para negocios, que serían innecesarias ante la imposición de una carga federal mucho más alta.
Tema obligado también es el impacto de un cambio de estatus en diversas transferencias federales no relacionadas con aportaciones o servicios prestados por residentes de la Isla. Asignaciones para el Departamento de Educación, la tarjeta Vital, el Departamento de la Vivienda, entre otros, han sido históricamente significativas como complemento al presupuesto de fondos locales a través del presupuesto general.
Estos son solo algunos de los temas que entiendo que el País se merece que se le eduque, con tiempo y sin apasionamientos, particularmente fuera de un proceso plebiscitario donde históricamente predomina la demagogia y rige el interés por desinformar, más que el de informar.
Otro tema interesantísimo para discutir es la naturaleza y utilidad de los tratados comerciales, herramienta fundamental para países independientes o bajo la libre asociación. Discutiremos también cuál es el camino a recorrer para que de llegar ese momento podamos utilizar a cabalidad esta herramienta básica de comercio internacional.
Juan Zaragoza Gómez – Senador PPD
Publicado en 29/06/2022 en El Vocero