En columnas anteriores comenzamos a educar al País sobre temas económicos a considerar en un proceso de autodeterminación. En esta columna discutiremos cómo funciona el Medicare actualmente, tanto desde el punto de vista financiero a nivel de Estados Unidos, así como de los beneficios que reciben los participantes aquí en Puerto Rico y los posibles puntos de negociación bajo la independencia o la libre asociación.
Antes de zambullirme en el tema, me parece imprescindible, para evitar confusión, distinguir entre el Medicare y el Medicaid. El primero es un seguro médico que paga facturas por servicios médicos de un fondo que se nutre de las aportaciones de los empleados, patronos y cuentapropistas, pero principalmente se nutre del fondo general de los EE.UU. El Medicare atiende personas mayores de 65 años, personas incapacitadas y pacientes en diálisis, entre otros.
Por su parte, el Medicaid es un programa de asistencia que sirve a personas de bajos ingresos de cualquier edad. Este programa es manejado en conjunto entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Con la asignación anual de fondos de Medicaid, que históricamente ha sido menor que lo asignado a los estados, es que el Gobierno de Puerto Rico financia substancialmente la tarjeta de salud o Plan Vital.
Durante el periodo de 10 años, de 2011 a 2010, los beneficios de Medicare pagados en Puerto Rico ascendieron a $46,500 millones, mientras que las aportaciones personales y patronales desde Puerto Rico ascendieron $4,845 millones, casi una proporción de 10 a 1. Según los datos del año 2020, en Puerto Rico hay 750 mil beneficiarios del Medicare, de los cuales 80% participan del programa Medicare Advantage. Este último, también conocido como la Parte C del Medicare, es un mecanismo mediante el cual compañías privadas proveen los servicios cubiertos por Medicare.
Para propósitos de los usuarios, los servicios del Medicare se dividen en Parte A, B, C y D. Es importante entender cómo se financian cada una de estas, para evaluar posibles acuerdos en una transición de estatus. Además, hay que reconocer que el pago a proveedores de servicios de salud por parte de Medicare ha sido históricamente más bajo que en otras jurisdicciones de los EE.UU. y que en la eventualidad de un cambio de estatus a la estadidad, estos reembolsos muy probablemente aumentarían significativamente.
La Parte A del Medicare es la original y cubre especialmente cuidado en el hospital, hospicios y servicios relacionados. Este se financia principalmente a través de las aportaciones de empleados, patronos y cuentapropistas que van a un fideicomiso. Se estima que este fideicomiso se quede insolvente para el año 2028; en ese momento se tendrán que considerar alternativas de financiamiento o reducción de beneficios.
Por la naturaleza de su financiamiento y aunque no se mantienen cuentas individuales, como en el Seguro Social, opino que este es más susceptible a verse como un derecho adquirido por los que han aportado al fondo a través de su vida, (a pesar de su casi insolvencia). Además, facilita la transferencia del monto aportado por individuos que aún no cualifican para el Medicare a un fondo de Puerto Rico para el eventual pago de servicios médicos, en el caso de un cambio de estatus político.
La Parte B del Medicare, se considera también parte del Medicare original, es electiva y está sujeta al pago de una prima mensual por parte del asegurado. Esta parte cubre visitas médicas, medicinas administradas por los médicos y servicios preventivos, entre otros. Este programa se alimenta de un fideicomiso común con el Medicare Parte D (que cubre medicinas recetadas) y el cual es distinto al fideicomiso casi insolvente del Medicare Parte A. Dicho fideicomiso se nutre principalmente de las primas pagadas y de aportaciones del fondo general de los EE.UU.
En cuanto a los beneficios de las Partes B y D del Medicare, contrario a la Parte A, me parece que un planteamiento de derecho adquirido es mucho más difícil. En cambio, considerando que hay unas primas pagaderas por los beneficiarios, se podría hacer un planteamiento de que en la medida que estos sigan pagando las primas luego de un cambio de estatus, la cubierta debe mantenerse inalterada. En cuanto a los beneficiarios futuros, la alternativa sería evaluar las primas y la cubierta médica para llevarlas a un nivel sostenible hacia el futuro, pero sin duda alguna este fondo necesitará ser subsidiado en alguna medida por el fondo general de Puerto Rico.
Sin duda, el proveer los mismos servicios que hoy se reciben bajo el Medicare presenta una serie de retos que hacen imprescindible el atenderlos en la medida posible antes de presentarles opciones de estatus a los puertorriqueños.
Juan Zaragoza Gómez – Senador PPD
Publicado en 21/07/2022 en El Vocero