No temo equivocarme al decir que en asuntos económicos, el área más importante en la mente de los puertorriqueños, cuando piensan en un cambio de estatus, es el Seguro Social. No es para menos, ya que como mencioné en una columna anterior, en 2017 sobre 700,000 puertorriqueños, incluyendo alrededor de 156,000 pensionados por incapacidad, recibían anualmente alrededor de $1,000 millones.
Arranco la discusión con el Seguro Social. En su parte pertinente, el proyecto de estatus propuesto en el Congreso federal indica que los derechos y beneficios que los puertorriqueños ya estén recibiendo, tales como el Seguro Social, no se interrumpirán bajo la independencia, es decir, seguirán siendo asumidos por el gobierno federal. Añado yo que tampoco se deberían ver afectados bajo acuerdos de libre asociación por estar relacionados con servicios o aportaciones pasadas. El Medicare no es mencionado como uno de esos beneficios, pero hay que entender que los mencionados son a manera de ejemplo, por lo que este no debe excluirse.
Añade el proyecto, en cuanto al Seguro Social, que el manejo de estos beneficios para los residentes de la Isla que no estén gozando de ellos al momento de la independencia será asumido por el gobierno de Puerto Rico. ¿Pero qué significa esto? Entiendo que, al momento de la independencia, se transferirá al Fondo de Seguridad Social de P.R. el balance en la cuenta de cada residente en la Isla. Desde ese día en adelante, cualquier nuevo retirado, sobreviviente o incapacitado comenzará a cobrar del fondo local.
La pregunta que se cae de la mata es en qué medida ese fondo podrá pagar en su momento el Seguro Social a miles de residentes de P.R. Para comenzar, la transferencia de la cuenta ($$$) de cada residente al fondo local le proveerá un balance inicial para comenzar a pagar pensiones. Ese fondo se alimentará además, mensualmente, de las aportaciones patronales y de los trabajadores puertorriqueños. Ahora bien, si todo eso es suficiente para mantener el ritmo de retiros, muertes e incapacidad futura, dependerá de la cantidad de personas laborando, de en qué punto de la curva demográfica nos encontremos (ejemplo, los “baby boomers” retirándose en masa) y sobre todo del buen manejo de los fondos. Caer en un escenario donde el Seguro Social de P.R. se pague a base de “pay go”, como es el sistema de retiro de los empleados públicos, será inmanejable para el Fondo General.
El que el gobierno federal asuma la responsabilidad de los que actualmente reciben el Seguro Social, mientras que los trabajadores existentes empiecen a aportar al fondo local, es crítico para la supervivencia del sistema, ya que estudios recientes indican que lo que aportan los trabajadores residentes hoy en términos de Seguro Social es una fracción de los pagos que reciben los beneficiarios locales. Ese desbalance hace imperativo que el gobierno federal retenga el pago de los beneficiarios al momento de la independencia o la libre asociación.
Esto es imprescindible para asegurar un nivel de ingreso razonable a los beneficiarios al momento de la independencia o el pacto y para no exponer el Fondo General a presiones insostenibles. Una variante a considerar, sujeto a análisis actuarial, sería negociar que el gobierno federal retenga la responsabilidad, no tan solo de los pensionados actuales, sino también de los que substancialmente ya han cotizado para el Seguro Social, es decir, los que están programados para retirarse durante los primeros cinco a 10 años luego de la independencia o pacto.
Esto permitiría que, en un período de transición -que de ser 10 años coincidiría con la propuesta de reducción gradual de transferencias federales durante 10 años luego de la independencia- nuestro fondo pueda ir “engordando” con las aportaciones de los trabajadores, sin tener que empezar a pagar pensiones. Claro está, bajo esta opción no se transferiría a P.R. el balance de las cuentas de los residentes a retirarse durante ese periodo de transición y solo se transferirían los balances de los trabajadores restantes.
No podemos terminar la discusión sin reconocer que el Seguro Social federal no está exento de presiones y que se estima que su fondo se agotará en el 2035. Esto obligará a aumentar la edad de retiro, reducir pensiones o aumentar las aportaciones de empleados y patronos.
Además, es interesante que bajo el pacto de las Islas Marianas del Norte, quienes tenían su Fondo Nacional de Seguridad Social, este se fusionó dentro del Seguro Social federal. Actualmente, los residentes de estas islas no solo gozan del Seguro Social federal, sino también, bajo el pacto, también participan del Seguro Social Suplementario (el SSI). Fuera de los estados de la unión, las Islas Marianas son las únicas con algún tipo de relación con Estados Unidos, bajo libre asociación o territorio, que participan de este programa.
En resumen, nuestros trabajadores se merecen certeza y claridad en cuanto al componente principal de ingresos al momento del retiro. El no hacerlo sería pedirle un acto de fe o un salto al vacío al cual muy poca gente se prestará.
Juan Zaragoza Gómez – Senador PPD
Publicado en 06/07/2022 en El Vocero